El Archivo Histórico de Cali nunca ha tenido como director o coordinador del mismo a un profesional de la Archivística. Tampoco nunca para optar a su cargo se ha creado una plaza fija cuya consecución deba conllevar un obligado proceso de convocatoria pública. Esto último también ocurre con el Archivo Central de la Universidad del Valle, cuyas funciones directivas deben ser cubiertas mediante concurso público. Y lo mismo sucede, no localizo mis pretensiones, sólo las ejemplifico, con muchos otros archivos colombianos.
El colectivo profesional de los archivistas en Colombia todavía no es amplio ni está suficientemente unido. Es difícil así generar un clima de opinión que favorezca la función de un oficio tan antiguo como desconocido que tiene por objetivo principal la conservación, organización y difusión de los documentos que producen las entidades públicas y privadas. Pero los escasos archivistas profesionales con los que contamos son conscientes de la riqueza investigativa y de las múltiples posibilidades educativas que encierran los archivos, hayan alcanzado la categorización de “históricos” o sigan siendo un servicio útil a las instituciones que los generan y a los ciudadanos que se relacionan con ellas.
El sector profesional, por tanto, es consciente de la pluralidad de sus funciones y reivindica mejoras económicas comparables a las mejoras con que puedan contar el resto de profesionales de la administración pública. Reivindica también posibilidades de mayor formación académica o el establecimiento de planes de estudio dedicados a su profesión; y reivindica, como consecuencia de esto último, que los organismos públicos (municipales, departamentales, estatales, universitarios) creen plazas destinadas a trabajar en sus archivos, bien como director o responsable, bien como técnico-archivista o bien como auxiliar de archivo. Que se creen puestos primero y que éstos luego no se concedan por designo político o clientelar.
La imagen común del archivo como servicio intermediario entre lo que él custodia y sus usuarios y como un servicio de mera utilidad informativa y función elemental de poner orden a los documentos, limita inicialmente su valoración entre políticos y altos funcionarios, que suelen percibir el archivo como un servicio exclusivo de trámite facilitativo. Todavía los archivos son, como tantas otras cosas, una asignatura pendiente de las reformas de la administración pública colombiana para superar la mirada simplista de los mismos.
Actualmente, la imagen del archivo, asociada a connotaciones de lo “antiguo” o lo “histórico”, sigue haciendo que la titulación más extendida ocupando puestos de responsabilidad o práctica archivística, sea la del historiador, quizá una de las más apropiadas para los archivos de interés eminentemente histórico. Pero las llamadas nuevas tecnologías, al servicio, hoy en día indispensable, de la organización documental, están desplazando dicha titulación hacia otras más afines con ellas que derivan de carreras como las de Sistemas de información, Ingeniería de sistemas o Ciencias de la Administración; y, más específicamente, hacia titulaciones de carreras que sí tienen por objeto central el “documento escrito”: las Ciencias de la información y la Archivística, cuyos pensums, generalmente, se inclinan mayoritariamente por la gestión documental (el records management) desde conceptos y metodologías que interrelacionan las ciencias o disciplinas de la información y la documentación con la utilidad y capacidad organizativa de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
No son todavía suficientes los planes de estudio implementados en programas educativos relacionados estrictamente con las “ciencias documentales”, pero sí hay un exponencial número de licenciados o diplomados en ellas que reclaman la creación de puestos laborales cuya obligada convocatoria pública esté al servicio de los archivos. Lo mismo ocurre con el mundo de las bibliotecas, donde podemos encontrar trabajando a manadas de inexpertos que están ocupando el puesto que reclaman quienes sí se han formado en estudios bibliotecológicos.
La diversidad de funciones que genera un archivo hace necesaria la existencia de profesionales cualificados. Los procesos relacionados con el tratamiento de la documentación deben realizarlo los profesionales especializados en archivística, cuyas plazas públicas requieren una consecuente convocatoria pública que, sin excluir titulaciones afines, dibujen un perfil profesional adecuado a la necesaria correlación entre una eficaz y responsable función archivística y su adscripción a la institución donde se instala el servicio de archivo.
Cali, 18 de junio de 2016
Alfonso Rubio